Sociedades rotas; el reto de AMLO frente a la violencia
El fenómeno de la desintegración social, con todas sus consecuencias para la vida cotidiana de un país, ha sido objeto de estudio desde hace varias décadas por parte de sociólogos y especialistas en cuestiones políticas que, al amparo de los grandes cambios que ha vivido el mundo en este nuevo siglo, han escudriñado en el comportamiento humano, base de todo el proceso de rompimiento social que hoy experimentan muchas naciones del orbe.
En el caso de México, no son pocos los organismos tanto locales como internacionales a quienes preocupa el vertiginoso deterioro que ha experimentado la sociedad desde finales del siglo pasado, con la adopción de un modelo económico cuyas consecuencias ya desbordan los límites del deterioro político y de seguridad que se ve reflejado en instituciones caducas y desvencijadas que dejaron de responder a la exigencia ciudadana de mejores niveles de vida.
A raíz del fenómeno social y político que se generó el primero de julio, pero cuyos antecedentes se fueron fraguando desde hace varios años, diversos organismos latinoamericanos han dirigido su mirada al llamado “hermano mayor” de América Latina para advertir que el principal reto del próximo gobierno, que recién asumió la presidencia del país, será “recomponer” toda la estructura de seguridad, hoy asediada por más de 40 grupos criminales que en los últimos años han diversificado su “campo de acción” delictiva, pasando del tráfico de drogas a otros delitos de “alto impacto” como la extorsión, el secuestro, el robo de combustibles y de automóviles, y las venganzas, lo que ha propiciado que en los últimos 18 años se hayan registrado 250 mil asesinatos, 36 mil 265 desaparecidos reportados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 325 mil desplazados de sus comunidades por la violencia y por lo menos mil 978 fosas clandestinas, donde a diario aparecen restos humanos.
La gran tragedia que le ocurrió a México en materia de criminalidad, violencia y asesinatos fue que tanto gobernadores como alcaldes y corporaciones policiacas fueron cooptados por los grandes grupos delincuenciales, que fueron infiltrando a las endebles instituciones y hoy controlan regiones enteras del territorio nacional.
Aunado a ello, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el nuevo gobierno federal recibirá un país en el que faltan cerca de 96 mil policías estatales que hagan frente al “crimen organizado”, además de falta de capacitación y la depuración de malos elementos. El diagnóstico nacional sobre las Policías Preventivas en los estados del país detalla que hasta noviembre se requerían 95 mil 989 agentes de seguridad para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, lo que significaría un total de 215 mil 155 efectivos.
Si a ello sumamos que hay estados donde la violencia cobra la vida diariamente a decenas de policías locales y federales, el panorama no es nada optimista. Por ejemplo, informes de inteligencia revelan que Tamaulipas ha sido la entidad más peligrosa y letal para los soldados del Ejército mexicano en los últimos seis años. Se tienen documentados mil 700 ataques contra integrantes de las fuerzas armadas en 25 estados, en los que murieron 101 soldados y 548 resultaron heridos. Solamente en Tamaulipas se registraron en los últimos seis años 982 de esos ataques con 35 elementos muertos.
Diversos especialistas advierten que después de tres sexenios fallidos en el tema de Seguridad, los grupos delincuenciales no sólo se reconfiguraron; han logrado adaptarse a las nuevas circunstancias de la sociedad y se han robustecido con la complicidad de múltiples autoridades, tanto estatales como federales.
La principal característica de los últimos 18 años en México fue la alternancia política. En el año 2000 —por primera vez en la vida democrática del país—, un partido diferente al PRI ganó la presidencia. Con la llegada del PAN al poder se modificó toda la estructura criminal del país, producto del cambio de estrategia en materia de seguridad. Los gobernadores surgidos del otrora partido oficial se convirtieron en verdaderos “señores feudales”, por lo que algunos de ellos se convirtieron en los “operadores” frente a las mafias criminales.
Al llegar Felipe Calderón al poder, dicho por el propio expanista, era prácticamente imposible gobernar ciertas regiones del norte y sur del país por la férrea presencia de los grupos delincuenciales que lo dominaban todo. Ahí fue (2006) cuando el mandatario en turno le declaró “la guerra” a los narcotraficantes. Una guerra que ya nos ha costado más de 250 mil muertos. Esa realidad es la que comienza a enfrentar el nuevo gobierno.
