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La moneda está en el aire: el NAIM y la agenda AMLO

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Durante la amplia difusión de pros y contras de continuar con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México o sustituirlo por la operación dual del actual AICM con uno ampliado en Santa Lucía, pocas frases han sido tan clarificadoras de cuál es la óptica en materia de desarrollo del próximo gobierno que la dicha por Javier Jiménez Espriú: señaló que la Ciudad de México “no necesita un Hub”, necesita que tenga visitantes turísticos y de negocios, no para hacer enlaces a otros puntos del país o el mundo, y que si el objetivo es descentralizar las actividades fuera de la capital no tiene sentido incrementar el flujo de personas.

En otras palabras, en la óptica del próximo titular de la SCT y del equipo cercano del próximo presidente, la Ciudad de México no tiene por qué tener la vocación para atraer flujo de casi 100 millones de pasajeros por año. En todo caso, asegura, puede operar con dos aeropuertos que en el mejor de los casos pueden manejar 50 millones de pasajeros anuales… aunque con el riesgo de colisión como ya advirtió la autoridad científica en aeropuertos, Mitre Corporation.

Empero, la lógica de Jiménez Espriú está acorde a tres de los objetivos que Andrés Manuel López Obrador planteó como su agenda de trabajo durante esta larguísima etapa de transición: la descentralización de 31 secretarías y dependencias de estado al mismo número de entidades federativas, la construcción del Tren Maya y una nueva refinería. Si efectivamente su objetivo es dispersar a 2.4 millones de burócratas con un costo que su mismo equipo de transición estima en 125 mil millones de pesos durante el sexenio, en su perspectiva, el país no necesita tener un aeropuerto de seis pistas que operan de manera simultánea y generen sólo en el primer año de operación ingresos netos al estado por casi 46 mil millones de pesos. Se necesita, se argumenta, un “aeropuerto digno”, sin oropeles, lujos y boatos.

Por su parte, el proyecto del Tren Maya que circunda el sureste mexicano en una longitud de 1,500 kilómetros, está llamado a empujar el crecimiento de una región con poca industria, apoyada en servicios —muchos de baja productividad— y actividades primarias. En los estados por los que cursará (excepto Quinta Roo y Yucatán) se encuentran algunas de las regiones más pobres del país y economías estancadas por su dependencia petrolera, como es Tabasco y en menor medida Campeche. Los ejes del transporte multimodal en la zona están en Puerto Progreso para Carga y Energía, Punta Venado para el primer Home Port para cruceros en México, y el Aeropuerto Internacional de Cancún, que actualmente es el segundo de mayor importancia del país y con capacidad para construir una tercera pista simultánea y añadir otro edificio terminal.

La promesa de construir una nueva refinería en Tabasco y llevar allá la Secretaría de Energía, implica reactivar las terminales aéreas de Villahermosa y lograr mayor conectividad aérea a Campeche. Ya no digamos Chetumal, ciudad nominada para albergar la secretaría de turismo, e incluso Ciudad del Carmen, donde se pretende reubicar a Pemex.

Vistos en perspectivas esos tres objetivos de gobierno, se concluye que el poder entrante tiene pocas —o ninguna— simpatía por continuar con el proyecto en Texcoco. Lo que le preocupa a López Obrador, ciertamente, es el costo directo de cancelar el NAIM (120 mil millones de pesos); la posible degradación a Nivel 2 —hoy estamos en Nivel 1— del actual AICM por parte de las autoridades aeronáuticas de EUA, que lo declararían “no seguro” por su saturación y eventuales vuelos cruzados; el costo en tiempo y dinero en hacer el de Santa Lucía (70 mil millones de pesos, aseguran, más otros 80 mil millones que se estiman en conectividad terrestre a la capital); la obligación de pagar cuanto antes bonos emitidos por 10 millones de dólares para financiarla obra en curso; las sanciones por la cancelación de esos contratos, la pérdida de la buena calificación crediticia que tiene México (se encarecería el dinero) y la afectación a la competitividad turística. Pero el daño más serio que la cancelación puede tener para el gobierno entrante son las dudas que generará sobre qué tanto respetará el estado de derecho como dijo el analista para México de Moody’s, Jaime Reusche.

Estamos a unas semanas de que inicie un nuevo régimen y con ello se conocerá hasta dónde, efectivamente, llevará a cabo sus objetivos, contando con un Congreso en el que Morena tiene mayoría absoluta, y sabremos si el NAIM cabe en los planes de la Cuarta Transformación tras una consulta cuya vinculación jurídica es un misterio.

 

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