EL BOTÍN DE LA INJUSTICIA
ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO PROCURAR QUE SE CUMPLA LA LEY, PERO CUANDO LOS GRANDES CAPOS DEL NARCOTRÁFICO SE FUGAN DE LAS CÁRCELES CON LA COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDADES, ES NORMAL QUE LA GENTE SE DESENCANTE DE SU GOBIERNO.
POR MARTÍN ESPINOSA @martinespinosa
LAS RECIENTES fugas de reos, algunos de ellos “prominentes” delincuentes vinculados a peligrosas mafias del crimen organizado y el tráfico de drogas, ocurridas tanto en Culiacán, Sinaloa, como en Ciudad Victoria, Tamaulipas, vuelven a poner sobre la mesa el tema de la corrupción en el sistema carcelario del país, lo que recuerda que una de las asignaturas pendientes desde hace varias décadas continúa siendo la reforma a fondo de los llamados Centros de Readaptación Social que todo tienen, menos aquello de “regenerar” a quienes han pasado a formar parte de los grupos criminales que hoy tienen en jaque a toda la sociedad mexicana.
Sobre todo a nivel estatal, las cárceles del país no son otra cosa que verdaderas “universidades” de la delincuencia que es la que impone sus leyes en los penales, no sin antes “comprar” a directores y custodios que se convierten en los empleados de los propios reos que mandan en aquellos lugares. Ello se observa tras las fugas ocurridas hace unos días en las que el común denominador es el “relajamiento” de la ley y las reglas que deberían prevalecer en esas cárceles.
Pero hay antecedentes de la grave descomposición que viven dese hace tiempo los penales el país: el alejamiento paulatino de la sociedad que han tenido las autoridades encargadas, tanto de la procuración como de la impartición de justicia de las víctimas de los delitos, lo que se constata cuando una persona acude a presentar una denuncia —cuando acude— y los pocos o nulos resultados que obtiene de los llamados “repre- sentantes sociales” en que deberían convertirse los ministerios públicos al permanecer un alto porcentaje de denuncias sin investigación y, por lo tanto, sin el castigo correspondiente. Y ello pasa por dos instancias: desde los propios ministerios públicos, a quienes el Derecho llama “representantes sociales”, o sea representante de las víctimas de los delitos, hasta quienes juzgan, con base en ese mismo Derecho, a un presunto transgresor de la ley para determinar si es culpable o no y el tipo de sanción que deberá pagar por haber causado un daño a un in- tegrante de la sociedad.
Ahí es donde radica el deterioro social paulatino que hemos observado en los últimos años; desde que la sociedad quedó indefensa frente a la proliferación de criminales y delincuentes, el siguiente eslabón que representa toda la estructura en la que los transgresores de la ley “purgan” sus condenas, si es que ya están sentenciados, o que están a la espera de ello y mientras son privados de su libertad, comenzó su acelerado deterioro hasta llegar a los tiempos en que nos encontramos: quienes mandan en muchos de los penales del país son los delincuentes que han tomado el control de los centros penitenciarios.
De nada servirá tratar de combatir la corrupción en los reclusorios si desde el principio de la larga “cadena” de corrupción no se eliminan los viejos vicios en la procuración e impartición de justicia. Y ésa es tarea primordial del Estado. Poco pueden hacer los ciudadanos en reformar todo el sistema, si quienes están inmersos en él no comienzan por plantear una verdadera reforma judicial.
Muchos se preguntan de qué ha servido la implementación de los juicios orales a nivel nacional en la estructura judicial si quienes forman parte de ella son los mismos, capacitados “a la carrera”, que participaban de la vieja estructura lenta, anquilosada e ineficiente que ya se venía desempeñando tanto en las procuradurías de justicia como en todos los niveles del Poder Judicial, tanto local como federal.
Solamente como ejemplo, hay que pararse en una agencia del mp para darse cuenta de que dicha estructura desde hace mucho tiempo dejó de servirle a la sociedad. Oficinas sin servicios, estructuras administrativas viejas y anquilosadas, filas de denunciantes que son presionados por los abogados de los presuntos delincuentes, horas y horas perdidas para levantar una denuncia han hecho que las víctimas de los criminales desistan de acudir a presentar una querella porque saben que nunca va a prosperar en una investigación seria y expedita que garan- tice la aplicación de la justicia.
Ya varios expertos en el tema han advertido del riesgo de la nueva “moda” de la oralidad en el sistema de impartición de la justicia: como fracasó el sistema carcelario nacional ahora se busca un “acuerdo” entre la víctima y el victimario para evitar que el delincuente pise la cárcel y pague de otra forma el haber infringido la ley. Sucede lo mismo que con el uso de las drogas que hoy se quiere legalizar: si el Estado no puede con las mafias del narcotráfico que además trafican con personas y cometen otros delitos “a su paso” por el mismo, entonces legalicemos el uso de los estupefacientes. Muy simplista la deci- sión que esconde por debajo el fracaso de las instituciones del Estado, cuando no la complicidad con los cárteles del tráfico de drogas.
¿Será eso lo que necesita México? O es la claudicación a la responsabilidad de garantizarle a la sociedad que paga impuestos y derechos para recibir, a cambio, seguridad y libertad para lograr el desarrollo que tanto necesitamos en todos los niveles.
