Municipios perdidos: territorios controlados por el narco
Una prueba contundente de la claudicación del Estado o, peor aún, de su colusión con el crimen organizado, es el porcentaje del territorio nacional que hoy están controlados por el narco: en más de una decena de municipios distribuidos únicamente en estados como Guerrero, Chihuahua, Baja California, Quintana Roo, Colima y el Estado de México se concentra la cuarta parte de las denuncias e investigaciones por narcomenudeo.
Desde Tijuana, los Cabos, pasando por Ciudad Juárez, Chilpancingo, Manzanillo, Naucalpan hasta llegar a Cancún, la venta de droga “inunda” decenas de comunidades que hoy se sumergen en una batalla que parece perdida ante la falta de efectividad de operativos que van y vienen sin que se pueda, siquiera, mermar la violencia con la que operan los grupos delincuenciales que viven de cometer actos ilícitos “paralelos”, derivados del tráfico de drogas.
Un diagnóstico elaborado recientemente por la Secretaría de Gobernación, a la llegada de Alfonso Navarrete Prida, advierte de la existencia de 11 municipios que concentran el 25 % de las denuncias solamente por narcomenudeo. Lo preocupante es que la zona de “influencia” de las bandas criminales es cada vez mayor, si la comparamos con lo que ocurría hace una década. El incremento que han tenido las cifras delictivas ha superado con creces los números de hace seis años. Según organizaciones de la sociedad civil como Alto al Secuestro, que dirige Isabel Miranda de Wallace, refieren que diariamente ocurren en el país seis secuestros por lo que en la presente administración federal se registran en el país 10 mil 898 plagios, cifra 95 % superior al sexenio pasado.
Hoy se puede decir que el fenómeno de la criminalidad se ha extendido desde el norte hasta el sur del país y desde las costas occidentales del Pacífico hasta las del Golfo de México, llegando incluso al caribe nacional, preciada “joya” de las mafias internacionales que coludidas con las autoridades de antaño (Mario Villanueva, 1993-1999) se asentaron desde hace varios años en la Península de Yucatán.
No se podría entender el fenómeno del crecimiento exponencial de la criminalidad sin la participación de las autoridades. Ya lo decía el polémico Obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, en el estado de Guerrero, Mons. Salvador Rangel: “La totalidad del estado de Guerrero está en manos del narcotráfico. Grandes territorios del estado están controlados por los narcotraficantes y la gente está bien, vive en paz. No hay asesinatos. El problema viene cuando, en un lugar o en una ciudad, entran otros grupos distintos de narcotraficantes”.
Cuando el Estado se ausenta de la vida política de una comunidad o se colude con los mafiosos, inmediatamente ese vacío lo llena la ilegalidad. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con mayor rapidez en los últimos años en México. Y súmele los intereses económicos en los que están involucrados “personajes” de la vida política, como lo revela el obispo.
Y precisamente, en las últimas semanas, varios candidatos a diputaciones locales y alcaldías de estados como Guerrero y Guanajuato han sido asesinados por la disputa que sostienen grupos de la delincuencia organizada en esas entidades del país. Nunca, como hoy, se había visto tal nivel de violencia ante un proceso electoral tan importante como el que viviremos.
Los criminales y los políticos han coincidido en el “camino del poder”, como lo demuestran las investigaciones tras el asesinato el pasado 8 de mayo del candidato a una diputación por el Congreso de Guerrero del alcalde con licencia del municipio de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, cuya familia forma parte del grupo cercano al gobernador priista Héctor Astudillo.
Foto: Jesús Eduardo Guerrero, El Sur de Acapulco
Guerrero, por ejemplo, es una entidad donde por lo menos mil 300 de sus comunidades vive de la siembra de amapola, planta de donde se procesa la heroína, que se ha convertido en el “motor económico” de la región cuyo valor en el mercado de las drogas alcanza los mil 200 millones de pesos por temporada de cosecha ante el vacío de Estado que prevalece en esa zona del país.
Y no hay modo de que la vida social, educativa, económica y productiva del país evolucione hacia mejores condiciones para sus habitantes si prevalece este entorno de ilegalidad y violencia en que se encuentran muchos estados del territorio nacional; no hay modo.
