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Premiar la tranza

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LO PRIMERO QUE HABRÍA QUE HACER PARA VOLVER REALIDAD EL CAMBIO QUE NECESITAMOS, SERÍA PROCURAR JUSTICIA, QUE LOS DELITOS SE DENUNCIEN Y SE CASTIGUEN.

Muchos son los dichos que se han acuñado en el pueblo mexicano, producto de la mala experiencia que hemos tenido los ciudadanos con los regímenes de gobierno desde el siglo XX. Uno de ellos refiere que para poder prosperar
en la sociedad hay que ser corrupto: “El que no tranza no avanza”.

 

POR: Martín Espinosa @martinespinosa

 

Recientemente, especialistas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) dieron a conocer el «Índice Global de Impunidad México 2018 (IGI-MEX)”, el cual aumentó en el último año a 69.85 %, lo que coloca a México en el cuarto lugar a nivel mundial, donde las denuncias ciudadanas por delitos cometidos son muy bajas y de ellas, pocas se investigan hasta castigar al culpable, y advirtieron de un colapso de los sistemas de seguridad y justicia en caso de que no se tomen medidas urgentes.

“Los partidos tienen que asumir esta responsabilidad, tienen que entender que si quieren combatir corrupción y violencia tienen que eliminar la impunidad, y es la única manera en la que van a poder mejorar los niveles de seguridad, acceso a justicia y protección de derechos humanos en nuestro país”, apuntó Luis Ernesto Derbez, rector de la institución.

Advirtió que el combate a la impunidad debe estar en el centro de las propuestas de los candidatos que iniciarán sus campañas políticas en busca del voto de los ciudadanos el próximo primero de julio. Y es que estamos terminando el sexenio y se está desbordando la violencia y la corrupción, en un entorno de encono social que en nada favorece la solución de ambos problemas.

El tema de la solución a la impunidad es algo que tiene que ver más con los encargados de la procuración e impartición de la justicia que en los miembros de la sociedad misma, que somos quienes padecemos la falta de aplicación de las leyes por parte de los encargados de hacerlo. Los estudiosos del problema insisten en que lo que estamos viendo es “que las autoridades federales y estatales no están asumiendo la responsabilidad de resolver este asunto. Si este ritmo de impunidad continúa deteriorándose a la velocidad con la que se dio en los últimos años, es muy probable que lo que tengamos sea un colapso total, tanto del sistema de seguridad como del sistema de justicia de nuestra nación”.

De los estados donde los delitos menos se castigan (Edomex, Tamaulipas, Baja California y Coahuila) ya para qué hablamos. Valdría la pena observar a los gobiernos de aquellos estados donde el índice de impunidad se ha mantenido bajo en los últimos años; Campeche es el estado que tiene el más bajo grado en el país, revela el estudio, destacando la baja tasa de incidencia delictiva y la suficiencia de recursos humanos.

El documento compara los resultados de los índices de 2016 y 2018, y destaca la sensible disminución que obtuvo Campeche entre ese período, de 2.16 puntos, ya que pasó de 47.22 a 45.06. Algo se está haciendo bien en favor de la sociedad campechana.

No cabe duda que la lucha contra la impunidad debería ser el elemento clave de una estrategia para combatir la violencia y la corrupción. Y es que la actuación de las autoridades, tanto del ámbito local como federal, así como del Ejecutivo y el Judicial es fundamental, porque a ellos, más que a los ciudadanos, compete el buen funcionamiento de las instancias encargadas de mantener el orden social de una comunidad o un estado. Y no como hoy sucede, que muchas policías o impartidores de justicia están al servicio de los grupos delincuenciales y no de la propia sociedad,
quien las sufraga.

Hace unas semanas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, por “apretada” mayoría, registrar la candidatura independiente del gobernador de Nuevo León con licencia Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, lo que contraviene la decisión tomada por el Instituto Nacional Electoral de negarle el registro, no sólo por falsificar firmas para su registro sino por una serie de “triangulaciones” de dinero para sus actividades proselitistas ante lo cual ya existen denuncias formales que investiga la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (FEPADE), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Mala señal; los magistrados del Tribunal Electoral le mandan el mensaje a los ciudadanos de que se premia la “tranza” y se castiga la honestidad. Preocupa que con esto continúe el deterioro de la credibilidad del árbitro electoral a menos de dos meses de las elecciones más complejas en la historia del México actual.

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