La regularización de la marihuana: la vida no es de color de mota
Desde Hernán Cortés hasta Vicente Fox, las voces a favor de la regulación de la cannabis se han mantenido presentes a lo largo de nuestra historia, pero esta continúa sin hacerse realidad.
El pasado 19 de noviembre fue un día histórico para México, pues la Cámara de Senadores aprobó la “Ley general para la regulación del cannabis”, dictamen que regula el uso y consumo de la marihuana, así como la producción con fines médicos, lúdicos e industriales.
Esto sucedió cinco años después de que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara por primera vez a favor de un amparo para el uso lúdico de la marihuana para el tratamiento de Graciela Elizalde Benavides, y más de un año después de que la misma institución emitiera una jurisprudencia en la cual autoriza el consumo personal de marihuana con fines lúdicos y recreativos al declarar su prohibición inconstitucional, dando al Congreso de la Unión como plazo hasta el 30 de octubre de 2019 para legislar sobre la materia.
Tras varias prórrogas, el plazo se pospuso hasta el 15 de diciembre del 2020, pero lejos de estar más próximos a una resolución por la Cámara de Diputados, esta se ha vuelto a postergar hasta febrero de 2021, dejando a consumidores y productores ante la expectativa de una propuesta de reforma que lejos de ser ampliamente aceptada, ha sido criticada por organizaciones que defienden su consumo.
El camino a la criminalización
Los primeros registros de cannabis en el actual territorio de México se remontan a la época de la Conquista, cuando Pedro Cuadrado comenzó el cultivo de la planta, el cual fue impulsado por el propio Hernán Cortés, acorde al historiador Silvio Zavala.
Plantón 420: las imágenes de marihuana afuera del Senado
Con el pasar de los años, la industria del cáñamo se fortaleció en la entonces Nueva España, siendo impulsada por los virreyes en turno, hasta que en 1769 la inquisición sancionó el uso no industrial de plantas psicoactivas comúnmente utilizadas en rituales prehispánicos.
Si bien la cannabis no forma parte de las sustancias utilizadas en las culturas mesoamericanas ya que era desconocida en el territorio; rápidamente, tras su importación del continente europeo, se incorporó en las religiones disidentes al catolicismo. Por ello, no es de extrañar que, pese a la severa condena hecha por la Inquisición, fuera el uso ritual y medicinal el que sobreviviera hasta inicios del siglo XX, por encima del textil.
No obstante, en 1908 esto cambió cuando una reforma a la Constitución de 1857 facultó al poder federal para legislar en materia de salubridad, con lo cual la política prohibicionista en nombre de la salud pública comenzó a instalarse como una narrativa que iba desde lo moral hasta el clasismo e incluso la “degeneración racial”, como detalla el historiador Axayáctl Gutierrez Ramos y dando pie a un proceso de más de un siglo mediante el cual se legitimó la criminalización de ciertas sustancias en México, tanto en su venta, como en su comercio.
Let there be weed
A partir de la década del 2000, casi un siglo después de la instauración de las primeras prohibiciones, esas mismas políticas —particularmen- te aquellas derivadas de la guerra contra las drogas instaurada por Richard Nixon en Estados Unidos, pero con efectos a nivel mundial—, comenzaron a ser cuestionadas por varios sectores de la sociedad, incluyendo a mismos expresidentes como Ernesto Zedillo y Vicente Fox.
Así, los primeros esfuerzos por regular el mercado y su consumo que se alejaban del prohibicionismo surgieron en tiempos recientes, comenzando con la iniciativa de ley del entonces senador Rene Arce en 2008 hasta la aprobación medicinal y científica en abril de 2017.
El primer gran logro
El primer permiso para la adquisición de un aceite de CBD fue otorgado en octubre de 2015 a Raúl Elizalde, quien requería el producto para el padecimiento de epilepsia refractaria de su hija Graciela Elizalde. A raíz de esta experiencia, la familia se dedicó a ayudar a padres en condiciones similares bajo la Fundación Por Grace, la cual, a la fecha, cuenta con al menos 300 familias quienes son apoyadas en formas que van desde información con profesionales de la salud hasta el apoyo para obtener este tipo de productos de manera legal en nuestro país e incluso tratamientos gratuitos autorizados.
Sin embargo, la primera fue mandada a la congeladora legislativa y la segunda nunca trazó los lineamientos requeridos hasta la fecha.
En este panorama, la “Ley general para la regulación del cannabis” era esperada con expectativa por toda la sociedad. En su minuta final, las modificaciones aceptadas incluían la despenalización de la marihuana (cannabis) para usos: lúdico o recreativo, científico, médico e industrial y la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis como un órgano des- concentrado de la Secretaría de Salud.
El instituto sería el encargado de emitir los cinco tipos de licencias para controlar actividades relacionadas con el cultivo, transformación, venta, investigación y exportación o importación de marihuana; señalando igualmente que solo las personas mayores de 18 años podrían cultivar, portar y consumir marihuana y sus derivados, pero con un permiso del IMRCC. No obstante, tendrán prohibido todo tipo de promoción de su producto.
En cuanto al uso medicinal, se tiene contemplado permitir investigaciones relacionadas con el uso terapéutico, paliativo y farmacéutico de la planta.
Aunado a esto, la posesión permitida cambia de 5 a 28 gramos. Pero se mantiene la prohibición al consumo de cannabis psicoactivo en áreas de trabajo públicas o privadas, espacios libres de humo y frente a menores de edad sin importar el lugar.
En establecimientos comerciales, escuelas e instalaciones gubernamentales también estará prohibido su uso. Igualmente en lugares de concurrencia masiva o cualquier otro donde se exponga a las personas al humo de segunda mano, incluso si se trata de espacios abiertos.
El dictamen contempla que una persona viviendo sola tenga permitida la posesión de seis plantas. Esta cifra aumenta a ocho de haber dos consumidores viviendo en el mismo hogar. No obstante, los consumidores estarán obligados a llevar a cabo modificaciones en la vivienda para evitar la ingesta del humo por parte de personas no consumidoras.
Referente a la comercialización, esta norma permitiría a las personas y empresas vender cannabis a mayores de edad en establecimientos autorizados, pero, el IMRCC establecería los niveles máximos de THC (sustancia psicoactiva de la marihuana) y CBD (cannabidiol) permitidos en los productos a vender.
La Ley Federal para la Regulación del Cannabis también contempla eliminar dentro del término de seis meses posteriores a la entrada en vigor del decreto la eliminación de los registros de los antecedentes penales en beneficio de las personas procesadas o sentenciadas por posesión de cannabis; además se propone crear programas de rehabilitación para las personas que desarrollen dependencia o problemas por el consumo del cannabis.
Por último, los ejidos y comunidades agrarias “que han sido afectadas por el sistema prohibitivo” podrían ser titulares de más de una licencia para cultivo, transformación, comercialización, exportación o importación.
Se cultiva en casa
Si bien se trata de un paso histórico, la propuesta ha sido severamente criticada por organizaciones como la Federación de Organizaciones Mariguana Liberación, Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia y el Movimiento Cannábico Mexicano, quienes argumentan que el dictamen parece despenalizar el comercio de la marihuana, más no descriminalizar su consumo.
La clave es que pese a aumentar el gramaje permitido, el dictamen aún contempla la detención por posesión de una dosis mayor a 28 gramos de cannabis, con posibles consecuencias que van desde una multa de $5,000 hasta los $10,500, arrestos de 12 a 36 horas y hasta 10 años de prisión, según el número de incidencias y cantidad de la sustancia que se encuentre con el individuo.
Junto con esto, otras críticas han surgido respecto a los posibles efectos secundarios que esta regulación pueda tener en contra de los usuarios. Ejemplo de ello es que pese a permitir el cultivo en casa, esta decisión estará sometida a la regulación de autoridades que entrarán al espacio privado de quienes decidan tener alguna planta en casa.
Esto, en conjunto con la detención por posesión de marihuana, pone a los usuarios de la sustancia en una situación vulnerable al tomar en cuenta que, según datos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en México, el 41% de los presos federales a causa de delitos de drogas fue detenido con sustancias ilícitas con un valor inferior a los $500, lo cual sugiere potenciales arrestos erróneos e incluso abre puertas para la corrupción por parte de autoridades y posible extorsión.
Por otro lado, la ley mandada a la Cámara de Diputados también enuncia la posibilidad de denuncia de aquellos que no quieran se fume frente a ellos, sea en el mismo cuarto o incluso vecinos, y no permite “preparar” ni “transformar” la planta. El resultado es una medida que pese a abrir la posibilidad de comercio —particularmente a empresas transnacionales que ya cuentan con la infraestructura— no se trata de una política que eficazmente combata al narcotráfico ni al punitivismo legal, como explican diversos expertos en el tema.
Esto ha llevado al Plantón 420 a extender su estadía a las afueras del Senado, junto con el sembradío de plantas de cannabis, impulsado por el Movimiento Cannábico Mexicano. Ahí se imparten talleres de autocultivo, además de producir productos alimenticios y lubricantes sexuales a base de marihuana e incluso cuentan con un área de fumadores.
Así, el colectivo mantiene la exigencia por una ley que no criminalice el consumo y defienda los derechos no solo empresariales, sino también de los consumidores.
¿Qué sigue?
Con todo, la posible regulación de la cannabis en el país podría representar una derrama económica para 2025 de entre 8,000 y 10,000 millones de dólares en México y la creación de entre 100 y 250,000 empleos, de acuerdo al Grupo Promotor de la Industria de Cannabis (GPIC), lo cual pondría al país como un líder de la industria.
De ser aceptada la propuesta del Senado, México sería el tercero de 50 países en conseguir la liberación total de su uso a nivel nacional. Sin embargo, las reformas aprobadas aún no son una realidad, pues el proceso legislativo todavía no ha terminado.
Para aprobar una ley, primero se debe crear la iniciativa o proyecto en el Senado de la República, donde pasa al análisis y creación de dictamen en comisiones revisoras. A continuación, se lleva a cabo la discusión y votación del dictamen en el pleno para enviarla a la Cámara de Diputados donde se sigue un proceso similar.
Esta es la etapa en la cual se encuentra la propuesta de regulación que fue aprobada el pasado 19 de noviembre.
No obstante, ante el receso legislativo de fin de año y la falta de consenso sobre las modificaciones —algunas surgidas a partir de la pro- testa de organizaciones— las siguientes etapas del proceso se llevarán a cabo hasta el 2021.
Dichas fases incluyen la discusión y votación del dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados, la promulgación por el Ejecutivo y finalmente su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Hasta que este último paso sea realizado, la regulación de la cannabis sigue sin ser una realidad y ante un panorama de elecciones en 2021, el futuro de la marihuana, en cualquiera de sus usos, se mantiene en la in- certidumbre.
