Guardia nacional o guardia social; o qué hacer con “el estado de chueco”
Romper las estructuras criminales de un país no es cosa fácil, más cuando la autoridad, en varios de sus niveles, se coludió durante décadas con las bandas delincuenciales que “sentaron sus reales” en varias regiones del territorio nacional. Ahí tiene usted el caso, estimado lector, del General Eduardo León Trauwitz, beneficiado en el sexenio anterior con el cargo de Director de Seguridad de Instalaciones Estratégicas de Petróleos Mexicanos, quien es investigado por presuntos vínculos con el robo de combustible, a quien se le han congelado sus millonarias cuentas bancarias por orden judicial, como parte del proceso que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Se dice rápido y sencillo, pero el hecho de que las violaciones a la ley se hayan cometido desde las instancias gubernamentales, ya sea por acción u omisión, contribuyó a crear una cultura del “vivir al margen del derecho”, como ha quedado demostrado en muchos casos en los que comunidades enteras se suman al linchamiento de presuntos delincuentes o a la comisión de saqueos de trenes o transportes de carga y a la protección de líderes “huachicoleros”, como sucede en estados como Puebla, Michoacán, Guanajuato o el Estado de México. Al fin y al cabo que los vacíos que deja la autoridad política rápidamente los llena el crimen organizado.
Contra todo eso se tiene que luchar, tarea que no sólo corresponde a la clase gobernante sino a la propia sociedad que padece a diario lo que el hoy presidente ha llamado “el estado de chueco”. No es posible seguir viviendo en una sociedad donde todo se consigue con “mordidas” o en la cual se “tiene que aceitar la maquinaria política y administrativa” para que funcione de manera ágil y sin mayores problemas; lo mismo en el ámbito social que en lo político y gubernamental, en lo público y en lo privado.
En esa tarea nos encontramos todos y más nos vale estar muy unidos.
Hace unos meses, al presentar su propuesta de crear una Guardia Nacional con la participación más que activa de los miembros del Ejército y la Marina, el presidente López Obrador planteó la necesidad de que todos los cuerpos policiacos federales y los de cada estado estuvieran subordinados a un mando militar, lo que desató una ola de protestas tanto de los líderes sociales como de los propios gobernadores del país, reacción similar a la decisión que en su momento desató el nombramiento de los representantes presidenciales en cada entidad de la República, con atribuciones muy por encima de las que la ley le da a los llamados “delegados” de las Secretarías de Despacho del ejecutivo federal en los estados.
Y no es para menos. Algunos aún recuerdan la cruenta época en la que los militares se disputaban el poder a balazos y que a raíz de la “reforma” de 1946 al otrora Partido Nacional Revolucionario, fundado 17 años antes por los caudillos de principios del siglo pasado, encabezados por Plutarco Elías Calles, se confinó al ejército a sus cuarteles bajo ciertos privilegios de los cuales gozan hasta hoy. Sacar otra vez al ejército a las calles ha tenido un precio muy alto tanto para la propia institución como para el poder civil y la sociedad. De ahí el temor de varios sectores sociales. Causó escozor y preocupación que en un principio la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador propusiera que la creación y operatividad de la Guardia Nacional estuvieran a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Apenas hace unas semanas, al participar en las audiencias llevadas a cabo en el Palacio Legislativo con el tema “Seguridad, Construcción de la Paz y Guardia Nacional”, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció la solicitud del presidente a la Cámara de Diputados para realizar las modificaciones constitucionales correspondientes y que el mando de la Guardia Nacional pase a ser civil; es decir, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Aunque la propuesta de que sea la SEDENA la que otorgue la capacitación, adiestramiento, disciplina y modos de operación sigue en pie, el hecho de que el mando superior de ese cuerpo especializado sea civil ya cambia el panorama, por lo menos para destrabar su aprobación en el Congreso.
Incluso, varios gobernadores como los de Guerrero, Oaxaca, Campeche y Veracruz han cerrado filas con el actual gobierno federal para apoyar la participación militar en la nueva Guardia Nacional. Lo único cierto es que el tiempo y la violencia nos están rebasando y urge una definición del tema para recuperar la tranquilidad en el territorio nacional.
