Gente Detrás del Dinero: Buena voluntad y riesgos de colisión
El común denominador de los funcionarios de la #4T, empezando por Andrés Manuel López Obrador, es que están firmemente convencidos de que sus planes y medidas de gobierno tienen por fin inmediato y último mejorar el bienestar de los mexicanos al extirpar los muchos males que se anclaron en el anterior régimen, empezando por la corrupción, la impunidad y la omisión voluntaria o por olvido de líneas prácticas del ejercicio público.
Es notable y meritoria la narrativa que muestran para generar un entramado institucional que inicie la renivelación de oportunidades socioeconómicas. Pero la velocidad con la que se intentan instrumentar una cantidad asombrosa de nuevos planes y proyectos públicos que sustituyan a los que fueron construidos en catalogado período “neoliberal”, empieza a generar colisiones y contradicciones al interior del grupo gobernante.
Para facilitar una visión un tanto más precisa, empecemos por lo fácil, y que es el pilar del nuevo gobierno: el manejo presupuestal de 5.4 billones de pesos.
El gobierno optó por una “austeridad republicana”, no porque el país tuviera necesidad de saldar una abultada deuda interna y/o externa (el perfil de vencimientos quedó adecuadamente perfilada a mediano y largo plazo por el equipo de José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y candidato perdedor), o por lacerantes inyecciones de reservas para mantener el tipo de cambio que de manera afortunada se ha mantenido por debajo de los 20 pesos por dólar en los cuatro primeros meses de la #4T.
Se optó por la austeridad con base en dos motivos principales: reconducir los recursos federales hacia los programas prioritarios del nuevo régimen, y ajustar cuentas políticas con los anteriores gobiernos, marcar culpas (reales o no), y mediante la imagen presidencial imponerse sobre los aliados que tanto PRI como PAN tuvieron en el sector privado.
Pero al instrumentar tal opción, la administración ha perdido eficacia en recuperarse de la “curva de aprendizaje” que tradicionalmente tiene en México el inicio de un nuevo gobierno, aun y cuando se trate de equipos del mismo organismo político. Esa austeridad llegó con la reducción salarial (empezando por la del propio presidente a pesar que los estipendios de gobierno perdieron 45 % de su poder adquisitivo en 12 años), el despido de cuando menos 15 mil burócratas de nivel medio y alto encargados de dar funcionalidad al aparato de estado, como los 300 especialistas encargados de negociar los acuerdos comerciales del país como el T-MEC y técnicos con una carrera profesional en el estado en áreas como la secretaría de salud, en petróleo y electricidad y cultura. En paralelo, empezó la distribución masiva de los apoyos para los famosos “NiNis”, becas para jóvenes estudiantes independientemente de sus méritos académicos y para adultos mayores. Pero al compactar el aparato de gobierno al parecer se dejó de lado la modificación de los Reglamentos Internos de cada secretaría para que, por ejemplo, un director de área tomase las funciones de una dirección suprimida. Al no haber tal modificación (que los expertos en administración pública estiman lleva hasta un año de procesos y trámites), la Secretaría de Hacienda no puede emitir los nombramientos, además de que la dependencia de Carlos Urzúa se ha hecho más estricta en la entrega de nombramientos por el mismo motivo de la austeridad, hasta provocar renuncias, como la del comisionado de autorización sanitaria Marco Laureano Solís, por trabajar sin nombramiento ni cobrar por tres meses, misma razón para la salida de Santiago Levy de la subsecretaría de planeación turística de Sectur.
El resultado es que el gobierno de la #4T empieza a perder el capital humano que requiere para articular sus propuestas; y aunque lo tuviera, al carecer de una ruta previa trazada, las mediciones de prueba y error —tal y como recomienda el Nobel de Economía Richard Thaler— para instrumentar políticas públicas, los propósitos empiezan a ser contradictorios entre sí y a colisionar posiciones al interior.
El resultado, que Marcelo Ebrard renunció tras el doblegamiento del gobierno ante Donald Trump, pero no se la aceptó el presidente; los tres desmentidos presidenciales a los mayores mandos de la SHCP que lleva Carlos Urzúa; un Javier Jiménez Espriú que sólo despacha hasta las cinco de la tarde y ya quiere irse a descansar tras el escándalo de cancelar el NAIM; o las renuncias de Simón Levy a la subsecretaría de promoción turística al quedarse sin instrumentos de operación por el recorte, o la renuncia del director del técnico del Tren Maya, Carlos Orozco, por controversias al interior del gobierno de cómo ejecutar el proyecto.
Urge dar rumbo claro a la instrumentación de gobierno.
