En boca abierta: Las armas del pueblo “bueno”
No es nuevo para nadie la serie de problemas que han derivado del abandono del Estado en amplias zonas del territorio nacional. La ausencia durante décadas de las instituciones, legalmente constituidas, de poblaciones, municipios y estados del país, hoy trae como consecuencia la ingobernabilidad que prevalece en varias entidades como Guerrero, Jalisco, Michoacán y la Ciudad de México, por poner sólo ejemplos recientes.
Lo sucedido el pasado mes de mayo en la región de La Huacana, una de las más pobladas y conflictivas de Michoacán, y que desde hace por lo menos 40 años está bajo el control de los grupos criminales más “poderosos” que asuelan al país, es reflejo fiel de cómo hay regiones en México totalmente bajo el control de la delincuencia; desde los pobladores que defienden a los grupos de narcotraficantes hasta las autoridades emanadas de los propios cárteles que ponen y quitan “gobernantes” a su antojo para seguir controlando la vida pública de las comunidades.
Desde hace varias semanas circularon en las redes sociales videos grabados por la propia población de Zicuirán, en La Huacana, en los que se observa a soldados del Ejército Mexicano siendo sometidos y vejados por los “líderes” de la comunidad tras un operativo realizado el último fin de semana de mayo, en el que las fuerzas castrenses decomisaron armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas como el caso de un fusil Barret, calibre 50, equipado con mira telescópica, capaz de derribar helicópteros, armamento propio de los principales ejércitos del mundo, y que estaba en poder de los grupos armados de esa región michoacana.
Los integrantes de esa comunidad, enardecida por la incursión de los soldados, comenzaron a jalonear, golpear y humillar a los miembros del Ejército hasta desarmarlos y retenerlos contra su voluntad. Condicionaron su liberación a la devolución del armamento decomisado, cosa que ocurrió horas después por órdenes superiores, con tal de que los pobladores no asesinaran a los militares. Sin duda, un mal precedente para la Guardia Nacional recién aprobada por el Congreso de la Unión y que —según el actual gobierno federal— ya comenzó a operar en Veracruz, otro estado bajo el control delincuente y que ahora tendrá la función adicional de contener la migración ilegal en la frontera sur por “órdenes” de Estados Unidos.
El argumento de la Secretaría de la Defensa Nacional es muy sencillo: “Se optó porque los militares entregaran las armas que habían decomisado con la finalidad de no provocar una desgracia como la que hubiera ocurrido si hubieran hecho uso de sus armas”.
El “pueblo” armado
Por supuesto que nadie quiere un derramamiento de sangre en ninguna región del país, y menos cuando está de por medio la vida de 11 integrantes del Ejército. Pero, a pesar de la medida prudente, la mayor desgracia para los mexicanos ocurre desde hace años con la pérdida de vastas regiones del país, ya en manos de los cárteles que manejan el trasiego de drogas y de otras mafias que han “migrado” hacia la comisión de otros delitos como el secuestro, el robo de combustible, asaltos y trata de personas, hechos tan comunes en varias regiones del país. Frente a esta tragedia social no hay nada peor que se le compare.
No cabe la menor duda de que esta situación no se va a resolver ni con discursos y muchos menos dando dinero a quienes integran esas comunidades, ya que sus ganancias ilícitas superan con creces lo que el Estado pretende entregarles vía “becas” o “apoyos” a madres solteras o adultos mayores.
La principal pérdida que ha tenido México en las últimas dos décadas es la de su gente. No sólo quienes han perdido la vida de manera violenta o los más de 40 mil desaparecidos, sino también los integrantes de la última generación, algunos de los cuales hoy integran los principales grupos criminales que operan en el país o que forman parte de los grupos sociales que desempeñan actividades informales por falta de oportunidades, condiciones que prevalecerán mientras los políticos continúen con su visión “clientelar” de convertirlos en beneficiarios de dádivas en lugar de tomar medidas a fondo que generen más empleo, desarrollo y oportunidades para salir de la situación en que se encuentran. Y eso lleva tiempo.
Al final del día, esas decisiones que se toman al amparo de políticas que según el discurso “oficial” van dirigidas a “los que menos tienen” terminan por perjudicar a esos mismos que dicen defender y que un día fueron la razón de su lucha social por llegar al poder. Paradojas de un país que, en lugar de avanzar hacia el futuro, parece haber retrocedido en el tiempo.
