Callan para vivir. El panorama de los periodistas en México

Por SanJuana Martínez

“Esta batalla, no lo dude nadie, es por nuestra libertad”, dijo Carmen

Aristegui al ser despedida por MVS. Y tiene razón. El despido de un periodista crítico ofende a la sociedad en su conjunto porque vulnera su derecho a la información y su libertad para elegir con quién informarse. Se trata pues, de los derechos de las audiencias coartados por la censura, la violencia y el silencio que se extiende sigilosamente cubriendo zonas completas del territorio nacional.

“¿Estamos informando la verdad de lo que está pasando en México? La respuesta es no, un no rotundo”, dice Rubén, un periodista de televisión que labora en condiciones adversas en Monterrey a consecuencia de la violencia. Está amenazado de muerte por el crimen organizado, pero el Estado, es decir, el Ejército o las distintas policías también lo presionan para publicar sólo su versión. Como muchos, se encuentra en medio de dos fuegos dentro de una guerra por el control de la información: “¿Para dónde te haces? Y es cuando dices: la vida o la verdad. Y para conservar el empleo y la vida, sacrificamos la verdad. El cementerio ya tiene muchos compañeros”.

Zonas de Silencio

México tiene extensas zonas mudas. Lugares donde los periodistas han dejado de informar. No sólo por la violencia, también por los ataques del gobierno y el uso de la censura a través de la publicidad oficial entregada a los medios de comunicación. El gobierno tiene mecanismos económicos para comprar o silenciar voces. La asignación o retiro de publicidad genera un déficit de noticias, un flujo informativo sobre todo lo que realmente está sucediendo en el país. En la larga lista de estas zonas oscuras hay temas prohibidos como la narcopolítica o la corrupción de las autoridades de todos los niveles, y el permanente conflicto de intereses entre su quehacer público y sus beneficios y negocios particulares.

“No existen en México las garantías ni los mecanismos para ejercer la libertad de expresión y de prensa”, dice Omar Rábago, director Ejecutivo de Cencos (Centro Nacional de Comunicación Social), una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión. “Tenemos un problema estructural. El sistema de medios está monopolizado y relacionado con los intereses económicos y el objetivo social de informar del periodismo se ve coartado por otros intereses hasta políticos”.

Dichos intereses son los que finalmente triunfan: “Las voces críticas son calladas de diferentes formas, ya sea a través de la violencia o a través de cuestiones económicas o favores políticos. El sistema de medios que tenemos no permite que el periodismo pueda ejercerse libremente”.

Aquí manda el Cártel del Golfo, Tamaulipas, por ejemplo, es una zona de silencio. Está considerado como un narcoestado. Una parte de la prensa está arrodillada ante el poder del narco o el poder del gobierno. Y los periodistas han optado por dejar de informar sobre balaceras, enfrentamientos entre cárteles por las disputas de la plaza o en torno a la connivencia de autoridades y capos de la droga.

“Para qué nos hacemos pendejos, aquí manda el Cártel del Golfo (CdeG) y se hace lo que él ordena”, dice Ricardo, periodista que trabaja en un diario de Matamoros bajo la autocensura. “Si se nos olvida quién manda, el CdeG nos lo recuerda, lástima que a veces ese recordatorio es definitivo: la muerte”. El martirologio de los periodistas aumenta.

Y es que, dice Omar Rábago, no sólo se controla a la prensa a través de la violencia física del crimen organizado, sino a través de otros métodos de los poderes en contubernio para impedir el libre flujo de la información y que no se conozcan los datos sobre corrupción:

“A los gobiernos autoritarios como éste, la libertad de expresión les incomoda y las voces críticas les molestan porque se sienten fiscalizados, por eso limitan las voces críticas e incómodas. El poder político busca censurar, callar, dejar sin empleo y cerrar los espacios y para eso hasta recurre a la violencia física”.

La redacción perdió la guerra

“Sería muy pendejo de nuestra parte pelearnos con los narcos si sabemos que los narcos tienen pactos con el gobierno o el gobierno los está protegiendo”, dice un compañero del periódico Riodoce de Culiacán, Sinaloa, un estado asolado por la violencia del narcotráfico y por la violencia del Estado: “Es muy malo para el periodismo lo que estamos viviendo. En las redacciones hemos perdido la guerra”.

Para Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, existen zonas mudas en el territorio nacional que preocupan, particularmente las de Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa o Guerrero: “Son estados que viven sumidos en el silencio por una violencia interminable. Son casos muy dolorosos y tristes. Empezamos a registrar asesinatos de periodistas a partir del 2004 cuando mataron a Roberto Mora, director del periódico El Mañana de Nuevo Laredo, luego siguieron muchos otros crímenes”.

Hay lugares como Culiacán donde informar se ha convertido en un acto de heroicidad. El periódico Noreste ha registrado 47 incidentes de inseguridad como robos, agresiones físicas y amenazas desde que Mario López Valdez llegó a la gubernatura de Sinaloa. El director, Adrián López Ortiz fue asaltado, golpeado y herido de bala en una de sus piernas, un ataque premeditado desde el poder: “evidentemente planeado con la participación de por lo menos dos vehículos”, denunció el diario que sigue manteniendo una línea crítica contra el gobierno.

Darío Ramírez, director de Artículo 19, oficina para México y Centroamérica no tiene duda de las razones de este incremento de la violencia y la censura: “La total impunidad de quienes actúan contra la prensa. El Estado mexicano aún está en deuda con respecto a su obligación de prevenir y proteger a quienes llevan a cabo actividades periodísticas”.

Y aparece la simulación, ese mal endémico en México, particularmente de la justicia. Existen leyes, programas y hasta una fiscalía que supuestamente velan por la protección de los periodistas y la prensa, pero no funcionan debidamente, por ejemplo, el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) tiene un rezago de 121 averiguaciones, lo que significa un aumento del 183 por ciento.

El diagnóstico es contundente: “El miedo, la impunidad y la violencia son elementos demasiado comunes para la prensa en México. El silencio o dirigir la mirada hacia otro lado no son opciones. La democracia es demasiado importante como para dejársela sólo a los políticos, así como el periodismo es demasiado importante como para dejárselo sólo a los periodistas. Ambos asuntos son de interés público y la lucha por su preservación le compete a toda la sociedad”.

Fotografía: Shutterstock

Reporteras en la mira

La cuestión de género no está exenta. Las periodistas, coberturas informativas denuncian violaciones de derechos humanos, redes de pederastia y pornografía, tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas padecen una violencia diferenciada que tiene que ver con amenazas y ataques con el componente de género. Son mujeres las que han destapado importantes casos de corrupción gubernamental y connivencia de las autoridades con el narcotráfico. El caso Carmen Aristegui es sólo la punta del iceberg.

Las agresiones contra las periodistas son flagrantes, como en el caso de Karla Silva Guerrero de El Heraldo de León en Silao, Guanajuato, quien evidenció las corruptelas del alcalde priísta, Enrique Benjamín Solís Arzola. Tres hombres entraron a la redacción a las cinco de la tarde y la golpearon brutalmente: “Para que le bajes de huevos a tus notas”, le gritaron mientras le pegaban en el rostro. Los agresores se llevaron su computadora, la cámara y su celular. Su caso sigue en la impunidad. El alcalde sólo le ofreció una disculpa pública puesto que fue agredida por hombres bajo las órdenes del director de Seguridad Pública de Silao, Nicasio Aguirre Guerrero.

Los asesinatos contra mujeres periodistas son cada vez más sanguinarios. Decapitadas, torturadas sexualmente, violadas. Casos como el de María Elizabeth Macías, de 39 años, redactora en jefe del diario Primera Hora de Nuevo Laredo, asesinada y decapitada por denunciar hechos criminales en redes sociales o el de Yolanda Ordaz del periódico Notiver, cuyo cuerpo decapitado fue encontrado en Boca del Río, Veracruz. El último caso fue el de María del Rosario Fuentes Rubio, quien a través de las redes sociales alertaba sobre actividades criminales; aparecía en Twitter como Felina @Miut3. La desaparecieron en octubre del año pasado y los criminales escribieron en su cuenta: “Amigos y familiares, mi nombre real es María del Rosario Fuentes Rubio, soy doctor y hoy mi vida ha llegado a su fin” y un segundo tuit decía lo siguiente: “#ReynosaFollow cierren sus cuentas no arriesguen a sus familias como lo hice yo, les pido perdón”. Ambos tuits se publicaron con dos fotografías, una donde aparece amordazada y otra que sugiere su asesinato.

“En el caso de las mujeres periodistas se da mucho la violencia de género”, dice Balbina Flores. “Las amenazas hacia ellas y sus hijos son características propias del género. Cuando se amenaza a un periodista varón no se le dice que lo van a violar”.

El problema es tan grave, que Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) se dio a la tarea hace más de una década de monitorearlo y ha elaborado dos informes. El Segundo Informe “Impunidad, violencia contra mujeres periodistas, un análisis legal”, afirma que 187 casos de agresiones contra las comunicadoras continúan sin ser castigados.

Cuando la directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta y la coordinadora de Redes de Periodistas y Libertad de Expresión de la organización, Yunhuén Rangel Medina empezaron este monitoreo fue en 2002 y sólo había dos casos de mujeres periodistas violentadas; hoy existen más de 187 casos, 374 veces más: “Mientras el Estado siga incumpliendo, nosotras seguiremos documentando y denunciando la violación de nuestros derechos en un ejercicio pleno de nuestra libertad de expresión. Si el Estado tolera la impunidad y niega la justicia, nosotras continuaremos siendo la voz que rompa el silencio”.

Derecho de las audiencias

Con el caso Carmen Aristegui ha surgido una nueva lucha social: el derecho de las audiencias. Las manifestaciones de sus radioescuchas demostraron que los dueños de los medios de comunicación como MVS, propiedad de la familia Vargas, no están respetando la pluralidad del espectro noticioso ni el derecho a la información de los ciudadanos.

“Hay una afectación muy sensible a este derecho fundamental”, dice de entrada Agustín Ramírez Ramírez, director de Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). “Las audiencias tenemos pocas posibilidades de tener acceso a la información con el estilo de Aristegui. A pesar de que hay una abundante oferta comunicativa en la radio y la televisión, se trata de voces muy planas que no nos garantizan información objetiva. Las emisiones críticas que detectan las imposturas del poder público son escasas”.

La movilización ciudadana en este caso fue inmediata. De manera inédita, la audiencia salió a la calle a exigir la permanencia del espacio de Aristegui y fue más allá al utilizar una estrategia jurídica para exigir el respeto del derecho a la información, algo que en la nueva legislación no está previsto porque la figura del ombudsman que tiene la ley es “muy endeble”, según analiza Ramírez Ramírez.

La Reforma constitucional señala que los derechos de las audiencias deberán ser reconocidos y tiene que haber mecanismos para su protección, algo que llevó más de tres décadas para que fuera aceptado en la legislación secundaria, aunque en la práctica no sucede: “Una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta si ese derecho se perfecciona en la ley convergente. Lo que más existe en los medios son los códigos de ética, algo absurdo, porque no son obligatorios. Hay una debilidad legal”.

Y peor aún, no hay posibilidad de cambio, ni existe certeza jurídica de que se respeten los derechos de las audiencias: “Pensar que de la noche a la mañana los concesionarios van a respetar esto es ilusorio, lo único que les motiva es la ganancia publicitaria, enriquecerse. Hay una prensa complaciente con el poder. En México, el derecho a la información está siendo vulnerado gravemente y tenemos una sociedad que depende de la mediocridad de los contenidos audiovisuales”.