De largo aliento: Colombia, vox populi
El paro cívico en Colombia es el estallido de múltiples voces que aguantaban lo ‘que tocaba vivir’ y que ante un Gobierno que es incapaz de comunicarse con su ciudadanía, no aguantó más.
Cuando en 2008, como coordinadora general de la Movilización Mundial contra las FARC, los periodistas me preguntaban si no temía represalias de los mismos por el mensaje contundente con el que estábamos convocando a esas marchas, siempre les respondí que no le temía tanto a las FARC como a quienes les interesaba seguir manteniendo la guerra. Y hoy lo confirmo, temo por las muchachas y los muchachos que están en primera línea y por personas como Lucas Villa, líder juvenil y manifestante quien fue asesinado en el Viaducto en Pereira. Yo le temo a quienes quieren seguir haciendo la guerra y por eso admiro más a la Colombia movilizada que grita en las calles que les quitaron tanto, que les quitaron hasta el miedo.
Y esa ciudadanía joven que no teme, que se enfrenta, que graba videos y los comparte en TikTok, que transmite desde las calles en Instagram, ha llamado la atención de Greta Thunberg, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Demi Lovato, Justin Timberlake, Roger Waters, Don Omar, Residente, además de un grupo muy nutrido de artistas de Colombia; Adriana Lucía, Chocquibtown, César López, J Balvin, Shakira, Maluma, Juanes, Carlos Vives, junto a deportistas como Falcao, James Rodríguez, el Tino Asprilla, René Higuita, Yoreli Rincón, Juan Fernando Quintero, Jackeline Rentería, Dávinson Sánchez, Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, Yerry Mina y Nairo Quintana… entre muchas otras personas influyentes en la opinión pública en Colombia y el mundo.
Y esa ciudadanía movilizada ha enviado cartas a organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos; invadió las transmisiones de la ONU de la semana pasada para decir S.O.S. COLOMBIA y se ha visto en decenas de ciudades en el mundo, con marchas, plantones y protestas llenas de música y color.
Esa diversidad de expresiones y más es la que se vive en cientos de ciudades de Colombia, en calles y carreteras, desde la Costa Atlántica hasta la frontera con Ecuador.
No ha sido solo una movilización en las ciudades; en los territorios que han tratado de crear otros escenarios luego de la desmovilización de las FARC y donde las bandas criminales emergentes (entre exAUC y exFARC) y el ELN siguen aún generando violencia, la gente también ha salido a marchar.
Todas esas expresiones de una Colombia que está buscando entenderse en las calles, que abraza a miembros de la Policía y el Ejército cuando respetan la movilización pacífica; que ha logrado una amplia visibilización internacional y ha demostrado una ciudadanía conectada, robusta, madura y con voluntad de organizarse, que se sienta en mesas de diálogo con mandatarios locales y acuerdan cómo mantener la protesta protegiendo a toda la ciudadanía tiene hoy a quienes quieren mantener la guerra generando los actos más desesperados para que nos enfrentemos como sociedad civil y caigamos en actos tan absurdos iguales a los que se han evidenciado en lugares como Cali, Jamundí y Popayán.
Un gobierno que no sabe escuchar
Esta ciudadanía movilizada ya venía siendo estigmatizada. Luego de que en 2019 se habían dado en Chile y Ecuador grandes movilizaciones ciudadanas, para noviembre de ese año las centrales obreras y colectivos estudiantiles anunciaron un paro nacional contra una serie de medidas de gobierno a las que se le llamó ‘el paquetazo de Duque’. La convocatoria socialmente recogió también la indignación social que se generó luego de que se conociera la muerte de alrededor de 18 niñas y niños tras un bombardeo de las fuerzas militares a un campamento de disidentes de la guerrilla.
El partido de gobierno, en voz del expresidente Alvaro Uribe, declaró en ese entonces que la convocatoria era un intento del Foro de Sao Paulo para desestabilizar el gobierno, que “el derecho de la protesta social no podía estar al servicio de anarquistas internacionales y de grupos violentos” y que los grupos delincuenciales se escudaban en menores de edad que salían a marchar y además predijeron que habría vandalismo y violencia. Ilegalmente cuerpos de seguridad realizaron allanamientos en medios de comunicación alternativos y organizaciones sociales, y se militarizaron las ciudades. Se declaró el cierre de fronteras terrestres, algunas ciudades decretaron ley seca y otras toque de queda.
La movilización fue multitudinaria y en diferentes ciudades en el exterior también se presentaron encuentros. Se presentaron actos vandálicos, en forma aislada, con la evidente intención de opacar la protesta pacífica. Sin embargo, comenzaron a extenderse rumores de que ‘grupos de venezolanos llegarían a robar a los conjuntos residenciales’ en particular en Bogotá y Cali. De la misma forma en que las cadenas de mensajes se movían a través de los dispositivos electrónicos la gente comenzó a evidenciar que no se estaban presentando saqueos; se reportaron casos donde se observaba a civiles bajar de camiones custodiados por la Policía y en otros casos se evidenció directamente la violencia de la fuerza pública contra jóvenes en las protestas y en barrios en la periferia de las ciudades. Colombia entonces caceroleó y las noches se llenaron del estridente sonido desde las ventanas, acatando las órdenes de toque de queda, o desde encuentros simbólicos en los parques cuando era posible. Durante dos meses, casi todos los días se generaron marchas y protestas en el país y en diferentes ciudades en el mundo.
Cinco personas murieron, entre ellas Dilan Cruz quien, en el centro de Bogotá, recibió un proyectil en la cabeza de manos de un policía del ESMAD. Más de 750 personas resultaron heridas, entre policías y civiles.
Para ‘dar solución’ a la situación que se presentaba en las calles el gobierno nacional convocó a la Gran Conversación Nacional como mecanismo ‘para llegar a acuerdos’. El Comité del Paro se rehusó a participar; muchas organizaciones y personas desde la sociedad civil impulsamos conectar las movilizaciones en las calles con esos espacios donde el gobierno nacional marcó la agenda, indicó a quiénes invitar y anuló siempre a quienes les contradecían porque “los éxitos del gobierno eran muchos” aunque no se presentaran resultados.
Cuatro meses de conversaciones sin ningún avance real. Cuando iban a presentarse formalmente “los resultados” y se habían convocado ya nuevas protestas inició la pandemia. A los pocos acuerdo alcanzados, como la firma del Acuerdo de Escazú, el gobierno no dio seguimiento.
La pandemia por COVID-19 le dió al gobierno de Duque un respiro.
El paro se descongeló
Como mencionó el cantante Residente ‘Si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un virus”. Y ante las manifestaciones contra la reforma tributaria Iván Duque se dedicó a hacerle honor a la frase.
La respuesta del gobierno desde el primer día de las movilizaciones ha sido la represión y la violencia de la fuerza pública. Con la excusa de actos de vándalos que infiltraban las marchas, la policía comenzó a recorrer nuevamente los barrios, a acorralar a las muchachas y a los muchachos que regresaban a casa o que se quedaban haciendo manifestaciones en calles y plazas. Y junto a ellos puso también el Ejército. A ambas fuerzas se sumaron grupos de civiles armados, provocados y envalentonados por discursos de ultraderecha, que especialmente en las noches salen a disparar y generar miedo en los barrios. El resultado de esta respuesta no puede ser más perturbador. Decenas de personas asesinadas por la policía, cientos de casos de violencia física, más de mil detenciones arbitrarias, víctimas de proyectiles dirigidos a los ojos y muchos casos de violencia sexual.
Mucha infraestructura pública ha sido vandalizada, establecimientos comerciales y loca- les privados también. Se han bloqueado carreteras, entradas a ciudades y vías dentro de las mismas ciudades. Se ha interrumpido el transporte de alimentos, insumos y productos entre muchas ciudades. En algunos lugares se han creado corredores humanitarios pero ya, luego de más de dos semanas de paro muchas personas comienzan a exigir el desbloqueo de las vías para el libre tránsito.
El gobierno retiró la propuesta de reforma tributaria, pero el daño ya estaba hecho con la agresión a la ciudadanía de parte de la fuerza pública. Y entonces, Iván Duque decide de nuevo convocar a una conversación nacional, pero comenzó invitando a dialogar a dirigentes políticos, líderes de opinión y a quienes había convocado en las mesas del año anterior. No ha querido encontrar espacios de diálogo con la gente movilizada.
Mientras tanto la gente sigue en la calle, las movilizaciones en todo el mundo se realizan casi todos los días. La ciudadanía sigue visibilizando lo que sucede a través de las redes sociales #ColombiaEnAlertaRoja #SOSCOLOMBIA #SOSNOSESTANMATANDO #SOSCALI #SOSPO- PAYAN #SOSBUGA #SOSBUCARAMANGA
El peligro: la manipulación
Los primeros días de las movilizaciones (28A, 1M), al parecer tomaron de sorpresa al gobierno y a su partido. La masividad, la diversidad, la alegría, la simultaneidad, la espontaneidad era como ver un ser mitológico de mil cabezas bailando y coreando en las calles de Colombia y el mundo. En varias ciudades se presentaron también actos vandálicos, contra la infraestructura de Transmilenio y el MIO por ejemplo, y simbólicamente en Pasto y Bogotá las personas que se manifestaban tiraron las estatuas de Antonio Nariño en Pasto, Sebastián de Belalcázar en Cali y Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá.
Comenzaron a incrementarse los actos más violentos luego de las movilizaciones pacíficas durante el día, hasta la la noche del 4 de Mayo en el que arremetieron contra las instalaciones de los Centros de Atención Inmediata de la Policía (CAI) en varios barrios de Bogotá, incluso en uno le prendieron fuego con 10 policías dentro.
Desde ese día inició la operación de comunicación de la “violencia ocurre por las manifestaciones”. Los medios de comunicación nacionales que no cubrían en su total diversidad lo que pasaba en el día en las calles ni reportaban lo que estaba sucediendo en las noches en las que la fuerza pública agredía a las personas en los barrios, comenzaron a centrar su atención en ‘la violencia’ y ‘el vandalismo’.
En la medida en que la movilización se alargaba, mientras en la calle se comenzaron a escuchar los testimonios de jóvenes que están comiendo mejor en las ollas comunitarias en medio del paro que en sus casas, comenzó la contaminación mental y anímica de un gran sector de la población que no se siente identificado con las y los jóvenes y las comunidades que se encuentran en los bloqueos; que comenzó a reclamarles por seguir en la calle si ya habían retirado la reforma; que comenzó a quejar- se porque no podían salir en carro de su casa; que empezó a evidenciar el miedo ante la vulnerabilidad por perder sus pertenencias materiales y a justificar las muertes de las mucha- chas y los muchachos en las calles porque seguro algo malo estaban haciendo.
Cali, la tormenta perfecta
Cali es una ciudad próspera agroindustrial, empresarial y comercial pero con grandes déficits en atención a las comunidades más vulnerables por lo que vive una alta inequidad social. Ha recibido personas desplazadas por la violencia de todos los grupos armados y se encuentra en el camino de la alta migración venezolana que atraviesa el país buscando mejores oportunidades de vida al sur del continente.
Después de más de una semana de protestas, y aunque la minga indígena ya se había sumado a las movilizaciones y se encontraba en diferentes lugares de Cali acompañando a los jóvenes en los puntos de resistencia, el fin de semana algunos de sus integrantes fueron atacados por hombres vestidos con camisetas blancas que disparaban desde camionetas polarizadas y que terminaron hiriendo a 10 personas del colectivo. El representante a la Cámara César Pachón presentó una investigación que recopila las imágenes y videos del ataque a la minga indígena y la señalándolo como un acto premeditado.
Lo que sí fue evidente es que mientras el gobierno no se sentaba a dialogar con las y los jóvenes de Cali, no buscó a la minga indígena para facilitar diálogos en los puntos de bloqueos, el Ministro de Defensa si fue a visitar una comunidad de alto poder adquisitivo en Cali y a hacer además demostración de la fuerza pública que llegaba a cuidarles.
En medio de la crispación del momento la comunicación que se difundió por medios de comunicación y los testimonios y mensajes de personas de la ciudad comenzaron a evidenciar una situación muy compleja. Miedo de las personas que se sentían amenazadas por la cercanía de los bloqueos y por la presencia de la minga indígena y que tenían rabia e indignación por no poder salir y movilizarse libremente por la ciudad. Junto a ello también empezó a evidenciarse un lenguaje racista, discriminatorio y violento, con eco en los medios de comunicación, que estigmatiza a la comunidad indígena y a jóvenes de las comunidades vulnerables y que sumado a los sentimientos de miedo y de rabia está convirtiéndose en el escenario propicio para que la ciudadanía se enfrente entre sí y que quienes cuentan con mayor poder económico y capacidad de armamento tomen el poder de la situación.
Lo que pasa en Cali es solo una pequeña parte de una fotografía que se amplifica en las principales ciudades del país. La brecha entre quienes tienen más y quienes menos tienen no es solo un tema de recurso económico; se ha generado tal distancia entre las personas que estamos viendo a quien es distinto como ene- migo; nuestros privilegios si han nublado la empatía y no somos capaces de entender la dimensión de nuestras carencias luego de un año de pandemia frente a las carencias de una persona en situación de pobreza en el mismo año.
No hay fórmulas mágicas
Hay voces que reclaman la cabeza de Duque, pero le queda poco más de un año de gobierno y la gobernabilidad en tiempos de pandemia requiere que le exijamos lo que debe hacer como dirigente.
Por el lado de tomar decisiones que ayuden a desescalar en forma inmediata la violencia, el gobierno debe retirar de forma inmediata las fuerzas armadas de las calles, desmilitarizar las ciudades. Lo primero, proteger la vida.
Por otro lado facilitemos todos los espacios y momentos posibles para generar diálogos, diálogos para la escucha, diálogos para conocernos, diálogos para encontrarnos, diálogos para saber la otredad, diálogos para contar nuestra mismidad.
Escuchar a los jóvenes de Puerto Resistencia, a las familias en Siloé, acompañar los diálogos en Jamundí. Y que vayamos a dialogar en Buga, Popayán, Manizales, Medellín, Bucaramanga. Que nos sentemos a escuchar a la minga indígena y que luego cambiemos los papeles y nos escuchen.
¿Quiénes? Todas y todos y en colectivo. Urgen más procesos activos y transparentes de convocatoria colectiva con representatividad y que no sean utilizados con interés electoral.
Urgen más autoridades locales que asuman su responsabilidad en los territorios y generen espacios, seguros e incluyentes, de negociación y mediación en lo local; más dinámicas colectivas como lo hizo la Cámara de Representantes que participó en audiencia pública en Cali.
Luego de un año que nos ha demostrado que tenemos que pensar un mundo distinto, tenemos que asumir también responsablemente iniciar a construir YA una Colombia que genere una reconciliación real superando la violencia, la desigualdad, la inequidad y la corrupción, un estado social de derecho que aún no hemos tenido aunque desde 1991 definimos así a Colombia. No podemos pensar que todo puede seguir igual después de un año tan doloroso y de dos semanas que también han sido dolorosas pero además estruendosamente diversas y contundentes.
Con tantas brechas, con tantas distancias, con tantas separaciones, con tantos intereses que buscan que nos confrontemos, que nos señalemos como contrarios, la expresión más patriótica para salir de la crisis en medio de la pandemia, pero a la vez más amorosa de un país que defiende ante todo la vida, depende de que todas y todos en Colombia procuremos los espacios para estar y construir en diálogo porque todas las vidas son sagradas.
La autora
Rosa Cristina Parra Lozano “Rosacris”, alias la araña, es comunicadora social y periodista, con una maestría en administración pública.
Tiene 23 años de experiencia en periodismo. Se especializó en la práctica profesional en comunicación para el cambio social, luego de trabajar durante cerca de 10 años con diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, ONUSIDA – OPS/OMS – UNICEF, OIT-IPEC como directora y jefa de comunicaciones.
Se convirtió en #laaraña, luego de que en 2008 fuera coordinadora general de la movilización mundial contra las Farc.
También ha sido coordinadora y activista en procesos de moviliza- ción ciudadana como el movimiento NO MÁS, Todos por la Educación, Paz a la Calle, Brigada Digital, KITUM activismo humanitario, Frena la Curva, entre otros.
Ha sido además consultora y asesora en comunicación política, co- municación pública y movilización ciudadana en diferentes procesos en Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Bolivia y Cuba.
