Sextadismo: Si no pudieron, por qué no han renunciado

Cinco años hace ya del secuestro y asesinato del hijo de Alejandro Martí. Hasta la fecha, nadie ha sido procesado por el delito y se acusa a dos mujeres distintas de ser la misma persona. Quienes debieron renunciar por no poder resolver el caso ya estrenaron nuevos trabajos. No es una novela de Kafka, es México lindo y querido.

 

El 21 de agosto de 2008 el empresario Alejandro Martí fue invitado al Consejo Nacional de Seguridad Pública en donde Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, le concedió la palabra. Ahí, frente a los gobernadores, el jefe de gobierno del D.F., funcionarios federales y el Presidente Felipe Calderón, Martí dijo:

 

“Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción”.

 

Unos meses antes su hijo de catorce años Fernando Martí había sido secuestrado y semanas después asesinado por sus captores. Su cuerpo fue abandonado en la cajuela de un auto.

Cinco años después del secuestro y asesinato de Fernando Martí, no hay un solo sentenciado por los hechos de junio y julio de 2008 y no hay para cuándo.

 

Y durante años ha construido uno de los asuntos más extraños que se tenga memoria: En dos juzgados, en dos competencias, la federal y la local, tiene como acusadas y procesadas a dos mujeres por ser la misma persona.

 

Lorena González Hernández y María Elena Ontiveros Mendoza están en prisión acusadas –la primera por la justicia del D.F., la segunda por la justicia federal—de ser la mujer güera que hizo el alto al automóvil de Martí el día del secuestro.

 

En el aquel retén sólo había una mujer. Pero hay dos acusadas de ser ella.

 

Las dos mujeres son imputadas de pertenecer a grupos distintos de la delincuencia organizada –Lorena a la banda de la Flor; María Elena a la banda de los Petriciolet– que presuntamente cometieron los mismos actos delictivos: el secuestro y asesinato de Fernando Martí y de su chofer Jorge Palma, así como el secuestro e intento de homicidio del guardaespaldas Christian Salmones.

 

Ambas enfrentan procesos judiciales que se desarrollan en paralelo, pero en distintos ámbitos de competencia: Lorena en el juzgado 32 de lo penal en el Distrito Federal; y María Elena en el juzgado 4to de distrito en Procesos Penales Federales. La primera lleva cuatro años y nueve meses en la cárcel de Santa Marta Acatitla; la segunda lleva presa tres años y dos meses en el Centro Preventivo de Readaptación Femenil de Tonalá, Jalisco. Ninguna ha recibido sentencia en primera instancia.

 

En los últimos cinco años, Alejandro Martí se ha convertido en una fuerza fundamental en la sociedad civil y en grupos defensores de las víctimas del delito. Es también pieza clave en el impulso que desde las organizaciones ciudadanas se ha dado a la implementación de la reforma en el sistema de justicia penal hacia uno más transparente y eficaz.

Nada de eso, sin embargo, le quita a Martí esta sensación de que lo han engañado. Que las promesas hechas no se cumplieron, y está en lo cierto.

 

A pesar de que hay en el expediente de su hijo confesiones de aquellos que lo secuestraron y después asesinaron, el kafkiano aparato de justicia no ha logrado siquiera una sentencia. Además, en el camino ha destrozado vidas de personas inocentes y ha permitido a otros probables culpables seguir tranquilos viviendo en libertad.

 

El caso Martí nos plantea una pregunta cuya respuesta deprime: si en ese caso, con esa notoriedad, esa cobertura, esa exigencia pública; el Estado todo, federales y locales, no han sido capaces de resolverlo y al contrario lo han complicado de tal manera que es probable que nunca sepamos la verdad, ¿qué se puede esperar de otros miles de casos sin ese tamaño de reflectores sobre ellos?

 

El caso Martí exhibe también los defectos de estos nuevos tiempos de ciclos noticiosos que duran minutos en donde todo se olvida, no importa su verdadera importancia o trascendencia.

 

Los medios y sus audiencias tuvieron un festín con “El Apá” y lo que lo rodeaba. Hoy que en el expediente difícilmente se demuestra que el ya fallecido Sergio Ortiz Juárez haya tenido algo que ver con el caso, ni quien se acuerde, ni quien lo menciona.

 

Aquel día de agosto, después del discurso de Martí, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard le dijo que él si tomaba el reto y que si él no podía que renunciaría.

 

Cinco años después y a juzgar por el voluminoso expediente, Ebrard y su Procurador no pudieron.

 

Peor aun: todo indica que armaron o los engañaron armando una mentira con tal de “resolver” el caso. Nadie renunció. Miguel Ángel Mancera, el entonces procurador, arrasó en las elecciones.

 

Ante el fracaso, no hubo consecuencias. Normal, dirían algunos.