Sextadismo: Carretera al infierno
Por:
Jafet Gallardo
05 Jun 2018
El accidente de una pipa de gas que el pasado 7 de mayo provocó la muerte de más de 20 […]
El accidente de una pipa de gas que el pasado 7 de mayo provocó la muerte de más de 20 personas en el Estado de México no es sino un reflejo de la corrupción y mala administración de nuestras carreteras, auténticas trampas letales.
Escribo esto unas horas después del trágico accidente en que una pipa con gas, probablemente por exceso de velocidad, chocó, explotó y provocó la muerte de más de veinte personas en el Estado de México. Quienes pasamos algunas horas a la semana en una carretera difícilmente podemos estar sorprendidos: como en otras áreas del país, la corrupción, impunidad, falta de autoridad, han convertido las carreteras y autopistas mexicanas en lugares extremadamente peligrosos.
Somos uno de los países con más alta tasa de muertes en carretera. Usted ha visto los camiones, los tráilers, los dobles remolques. Nadie los pesa, nadie los supervisa. Después del accidente, el Secretario de Comunicaciones y Transportes confirmó que, gracias a la presión de los transportistas, México es uno de los países que permite mayor peso y que cuando se quiso bajar amenazaron y se quejaron. Es decir que si la norma se cumpliera ya andaríamos mal.
Pero no se cumple.
El más reciente reporte de la Organización Mundial de la Salud sobre seguridad vial en el mundo calcula que se pierde 1.7 por ciento del PIB por accidentes viales. El número de muertes en carretera pasó de 14.5 por 100 mil habitantes en 2007 a 16.5 en 2009.
Al año, según el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, se mueren más de 16 mil mexicanos en accidentes de tránsito, más que los que mueren por infecciones respiratorias. Y eso si supiéramos en verdad cuantos mueren, porque el mismo Consejo en su último informe duda de las cifras y así lo explica:
Si se requiere conocer el número de accidentes en el país, es necesario sumar los datos de la Policía Federal (PF) y los que recoge INEGI mediante la base de Accidentes de Tránsito en Zonas Urbanas y Suburbanas. Además, hay otras instituciones que generan información; por ejemplo, Caminos y Puentes Federales registra información de aspectos médicos pero sólo en poco más de 3 mil kilómetros de carreteras federales de su jurisdicción. Por lo tanto, la posibilidad de duplicidad y falta de información es algo común.
Asimismo, el sector asegurador reporta 678 mil 653 accidentes en el 2010 en un parque de 8 millones 350 mil 126 vehículos asegurados; si extrapolamos estos datos a la totalidad del parque vehicular nacional, se estima que ocurren más de 2 millones 628 mil accidentes.
Si comparamos los datos que reportan en conjunto la PF e INEGI con los del Sector Asegurador, asumiendo una cobertura de 100% del parque vehicular, se encuentra una diferencia de 477% entre estas fuentes de información.
En cuanto a los heridos, la situación se torna difícil, ya que la fuente más completa es la que emiten los reportes de policía. En carreteras federales son de la Policía Federal y en zonas urbanas y suburbanas, las policías municipales y estatales.
No es posible determinar la gravedad de las lesiones ni tampoco existe un seguimiento de estos casos. Si consultamos la base de egresos hospitalarios por accidentes de tránsito (probablemente heridos graves), la información es muy limitada; ni siquiera considera al accidente como causa de la hospitalización sino las lesiones resultantes (fractura, contusión).
Como es sabido, con el objeto de contar con información más real sobre las lesiones mortales por siniestros de tránsito, es necesario el seguimiento de las víctimas no mortales a 30 días.
Si utilizamos las cifras proporcionadas por las corporaciones policiales del país, encontramos que en 2010, 12 mil 114 personas fallecieron en el lugar del hecho, por lo que habría que aplicar el factor corrector de 1.3 para estimar este seguimiento. El resultado de este cálculo arroja un total de 15 mil 748 personas fallecidas por siniestros de tránsito; sin embargo, los registros vitales del país (certificados de defunción) suman un total de 16 mil 559 muertos, por lo que hay una diferencia de 5.1%.
Más de 95% de los certificados de defunción son expedidos por médicos y, no obstante la mejoría mostrada en los últimos años, aun existen importantes problemas en la anotación de los datos y sobre todo de las causas de la defunción.
O sea que ni siquiera contamos bien los fallecimientos.
Ni pesamos los camiones.
Ni sancionamos a las empresas que se pasan por el arco del triunfo las leyes.
Haríamos mal en pensar que la tragedia de la pipa de gas es un hecho aislado producto de alguna irrepetible conjunción de eventos desafortunados. No. Es la consecuencia de lo que vemos en nuestras carreteras todos los días. De la ausencia de autoridad que hace años abdicó de ejercer su responsabilidad, como en tantas áreas de nuestra vida cotidiana.