AY, CHIHUAHUA
A SITUACIÓN EN EL ESTADO ES PREOCUPANTE. SE HA DERRAMADO MUCHA SANGRE, PRODUCTO DE POR LO MENOS DOS SEXENIOS DE MALAS ADMINISTRACIONES.
Suena kafkiano el hecho de que para detener y procesar a un ex “servidor público”, un representante social tenga que acudir hasta las instancias políticas “superiores” a firmar un “acuerdo” que permita destrabar algo que ya amenazaba con convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno federal.
POR: Martín Espinosa @martinespinosa
Me refiero a los últimos acontecimientos en un estado golpeado y avasallado no sólo por la corrupción de sus gobernantes, producto del desgobierno, sino que hoy se encuentre en medio del fuego provocado por las mafias criminales que llenaron el “vacío de autoridad” que dejaron vacantes los encargados de las instituciones legalmente constituidas en la estructura llamada “Estado”.
Cuando llegamos al grado de tener que firmar “acuerdos políticos”, como lo sucedido hace unas semanas entre el gobernador Javier Corral y el Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, para aplicar la ley, es porque el Estado de Derecho se encuentra ausente y ya no queda más remedio que recurrir a medidas extremas frente a la impunidad con la que actúan los delincuentes; lo mismo los de la calle que los de despachos gubernamentales, comúnmente llamados de “cuello blanco”.
Y es que la situación por la que atraviesa Chihuahua no es nada alentadora si tomamos en cuenta la violencia que ha empañado el estado. Tan sólo en los primeros ocho días de este año 2018 ocurrieron 65 homicidios dolosos, entre ellos cinco feminicidios.
Entre los días 4 y 5 de enero fueron asesinadas 31 personas: 24 en Juárez y siete en la ciudad de Chihuahua. Por lo menos en tres casos se habla de masacres. El mayor número de homicidios se reporta en la Zona Norte, con sede en Ciudad Juárez, con 32 casos, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado.
En la Zona Centro, se registraron 20 homicidios; en la Zona Occidente suman siete las ejecuciones; y en la Zona Sur se reportaron los primeros días de 2018, seis asesinatos. Sólo el año pasado se registraron en la entidad 2 mil 15 homicidios dolosos. En 154 casos, las víctimas fueron mujeres asesinadas por diversas causas. En lo que va de la administración de Javier Corral, suman casi 2 mil 600 homicidios dolosos.
Dicen los estudiosos del tema que a finales del gobierno del licenciado José Reyes Baeza (2004-2010) el clima de violencia y delincuencia despuntó de forma alarmante en el estado de Chihuahua, aumentando sus estadísticas delictivas. Las muertes provocadas a consecuencia del crimen organizado, entre el lapso del 2007 al 2010, sumaron 10 mil 134, siendo la tasa de homicidios ya en el 2010 de 130 muertos por cada 100 mil habitantes.
Por ello, los chihuahuenses tuvieron una tendencia muy marcada que consiste en no denunciar los acontecimientos ilícitos de los que eran víctimas, esto por temor y riesgo de sus familias, desconfianza en las autoridades y porque percibían que no pasaba nada al acudir a los mandos policiales.
En el año 2010 hubo cambio de administración. Entró como gobernador César Duarte Jáquez, sobre quien hoy pesan 11 órdenes de aprehensión por presuntos delitos de malversación de recursos federales. Indudablemente durante su administración se generó un clima de creciente incertidumbre en materia de seguridad.
La descomposición social del estado no comenzó hace dos años. Lleva por lo menos dos sexenios “en picada”, producto de malas administraciones que en lugar de resolver los problemas de la comunidad los complicaron aún más; por corrupción e impunidad.
Yo pregunto: ¿Quién puede vivir y ser productivo en un ambiente social como el descrito líneas arriba? Y lo peor: ¿Qué gobernante puede construir un verdadero Estado de Derecho cuando quienes mandan son los grupos criminales por años cobijados por los malos políticos que, o se coludieron o consintieron las actividades ilícitas de los delincuentes?
La respuesta está ahí. No puede haber paz ni social ni política cuando las condiciones de ilegalidad, violencia e impunidad prevalecen. De ahí, que cualquier conflicto entre los encargados de las instituciones, ya sean locales o federales, escale a niveles de inestabilidad como lo que hemos observado recientemente.
Más aún cuando los tiempos electorales ya están presentes y en unos meses los ciudadanos iremos a las urnas a elegir a los nuevos representantes del Congreso y al próximo presidente del país. En estos tiempos, todo es “capitalizable”: la corrupción, la violencia y hasta el crimen organizado.
