MÁS NOS VALE PREVENIR

Medir en cifras la forma en que los fenómenos naturales golpean al ser humano es la manera más eficaz de dimensionar las medidas de prevención frente a la furia de huracanes, sismos y demás fatalidades que ha vivido la humanidad a lo largo de su historia. Con lo sucedido hace tres meses en el país, primero las lluvias y después los terremotos del 7 y 19 de septiembre, podemos advertir que fue precisamente ese mes del año que agoniza, uno de los más devastadores de la historia de nuestro país en muchas décadas.

 

POR: Martín Espinosa
@martinespinosa

 

Y es que frente a los fenómenos de la naturaleza los países desarrollan estrategias de prevención que los colocan menos vulnerables ante la desgracia inevitable cuando se habita en zonas de alto riesgo.

 

Así podemos saber, por ejemplo, que de acuerdo con estudios del Banco Mundial —organismo nacido en 1944 y que depende de la Organización de Naciones Unidas— México ocupa la posición número 23 de las 189 naciones con mayor riesgo catastrófico ante sismos, huracanes y otros fenómenos naturales.

 

Otras cifras puntuales las ofrece el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), las cuales advierten que el 50 % de la población total del país —es decir, 60 millones de personas— se encuentra en riesgo sísmico: habitantes de estados como Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, México, Veracruz, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como quienes ocupamos gran parte de la ciudad de México.

 

De inicio, hay que destacar las diferencias que existen entre fenómenos naturales (sismos y huracanes con las consecuentes inundaciones) y los desastres que son ocasionados por la vulnerabilidad de los asentamientos humanos y la saturación de la infraestructura urbana como sucede en el Valle de México, región geográfica que desde hace varios años enfila hacia una debacle ecológica y geológica por sus características milenarias.

 

Solamente hay que recordar que los terremotos más devastadores que han sacudido a la capital del país alcanzaron magnitudes de 8.1 y 7.6 grados en los temblores de 1985.

 

De ciclones y huracanes ni hablamos. Sólo hay que remitirnos a la península de Yucatán: los meses de septiembre han sido fatídicos; Gilberto en 1988 e Isidoro en 2002, sólo por mencionar los más recientes. Este año, la tormenta Harvey y Katia, estacionada frente a Veracruz, se sumaron a Max que estaba cerca de Guerrero y Oaxaca, la tormenta Pinal que salió de Guerrero y fue pasando frente a Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y que finalmente se desintegró en Sinaloa. Finalmente, la tormenta Lidia, que cruzó toda la parte occidental de Baja California Sur.

 

El daño económico, además de las víctimas fatales, también es cuantioso. El costo de la reconstrucción de inmuebles dañados por los temblores que sacudieron Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, el Estado de México y la capital del país durante septiembre de este año será 3.4 veces más alto que las emergencias por terremotos ocurridos en 15 años. Cifras oficiales del gobierno señalan que se necesitarán 48 mil millones de pesos para recuperar la infraestructura dañada.

 

Del año 2000 al 2015, las emergencias por sismos dejaron afectaciones por 14 mil 140 millones de pesos, lo que representó apenas 29 % de los recursos que ahora se necesitan para restaurar lo que dañaron los terremotos de septiembre pasado.

 

La adecuada comunicación entre los organismos públicos encargados de auxiliar a la población en casos de desastre representa un factor fundamental en la prevención de riesgos. Si unos entienden algo y otros entienden otra cosa, empiezan los problemas, como ya ha sucedido en desgracias anteriores.

 

Una herramienta muy útil y precisa es el Atlas Nacional de Riesgos, donde se pueden conocer de manera muy puntual los peligros a los que están expuestas las diferentes regiones y entidades federativas del país. Ahí aparecen las fallas geológicas donde existe alta sismicidad, los volcanes que existen en México y el estado geológico en que se encuentran; deslizamientos de laderas, agrietamientos y los riesgos hidrometeorológicos donde se focalizan no sólo los ciclones tropicales, sino los tornados, granizadas, cambios de temperatura y temperaturas extremas en el país.

 

En fin, materiales que en la actualidad ya deberían ocupar un lugar preponderante en los escritorios de quienes aspiran a gobernar un municipio, un estado o todo el país. Ya no se pueden vislumbrar las políticas de gobierno de un mandatario sin tener, como libro de cabecera, el Atlas de Riesgos de cada estado del país.