EN BOCA ABIERTA: INDIGNACIÓN SOCIAL
HAY QUE DIFERENCIAR —en estos tiempos confusos que vive el país— entre el significado de la molestia de las personas frente a la incapacidad de sus gobernantes para afrontar problemas que competen a toda la comunidad, y los llamados “juicios sumarios” que hace la misma sociedad contra esos malos funcionarios que, en muchos, casos se han corrompido en el ejercicio del poder.
Viene a cuento lo anterior por el que, quizás, ha sido el mayor caso de corrupción que ha provocado escándalo por la manera en que ocurrieron los hechos denunciados por varias entidades gubernamentales, tanto a nivel federal como local: el ejercicio de (des) gobierno en Veracruz, del que estuvo al frente Javier Duarte de Ochoa, entre el 1 de diciembre de 2010 y el 12 de octubre del año pasado, día en que tuvo que solicitar licencia al cargo en medio de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Hace unas cuantas semanas, el que fuera el preso número 27 del penal militar de Matamoros, Guatemala, regresó extraditado a México, y al paso de la caravana de policías federales que lo trasladaron del hangar de la Procuraduría General de la República en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a las instalaciones del Área de Juzgados Federales a un costado del Reclusorio Norte de la misma capital mexicana, muchos curiosos se detenían en las calles del recorrido, y al enterarse que en una de las camionetas blindadas que circulaban a toda prisa iba el exgobernador de Veracruz le gritaban toda clase de improperios, reflejo el “malestar social”
que prevalece entre la población.
Y no era para menos. Lo que sucede con la molestia pública por tanta corrupción no significa que la sociedad haya obtenido la victoria en el proceso, mediático por demás, en contra del antiguo gobernador veracruzano, porque hasta donde sabemos, el juzgador no ha emitido sentencia. Para ello falta, todavía, un largo trecho por recorrer y falta lo más importante: que quien acusa presente las pruebas contundentes para probar que el procesado quebrantó la ley y que —efectivamente— malversó recursos de los veracruzanos a través de la creación de empresas “fantasma” y compró, con los millones que obtuvo de esa conducta ilícita, decenas de propiedades en México y el extranjero, como se presume lo hizo el exmandatario.
Sólo en lo que se refiere al presunto desvío de recursos públicos de las áreas del gobierno veracruzano referentes a Salud, Desarrollo Social, Educación y Servicios Diversos, la pgr presume que fueron mil 670 millones de pesos que “jddo” (como ahora lo identifica en el juicio esa dependencia) habría “canalizado” a cuatro empresas “fantasma”. Además, pesa otra acusación que refiere que Duarte de Ochoa, literalmente, “se embolsó” 350 millones más de un crédito conseguido dizque para obras en el estado.
Una cosa es no querer mirar ni preocuparse del enojo social ante estas circunstancias que se repiten tanto a nivel local como nacional y otra, muy distinta, es anticipar sentencias en procesos judiciales que apenas empiezan, como en el caso ya referido. Comienza a surgir dentro de la clase política del país el argumento de que “no hay que anticipar juicios, sino esperar a que sean los encargados de una investigación, así como a los propios impartidores de justicia quienes den su veredicto final”. Lo acabamos de ver con el socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca, en el que murieron dos personas.
¿Pero qué esperar de una ciudadanía incrédula que ya no le tiene confianza ni siquiera a quienes forman parte del Poder Judicial, que por cierto —como recientemente lo publicó la prensa nacional— tienen laborando a hijos, parejas, sobrinos y tíos de 500 jueces y magistrados que ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción en un evidente acto de nepotismo?
El problema no son los “juicios y sentencias anticipadas” de la opinión pública; el gran tema de unos años a la fecha es la irritación popular ante la falta de resultados, esa sí documentada, de la clase gobernante, tanto en los estados como en el ámbito federal. Por lógica, una sociedad satisfecha con los resultados de sus gobernantes, no tendría por qué estar irritada. Al contrario, buscaría por todos los medios posibles darle continuidad a esa forma de gobierno así como a los responsables de éste. Sin embargo, el gran peligro que hoy enfrenta nuestra incipiente democracia es que la mayoría de los votantes ya no le encuentra razón de ser a este método de elección política y cívica, y corre el riesgo de ir detrás de “promesas ilusorias” que en nada van a resolver el problema actual.
De ahí la trascendencia de los momentos que vivimos.
POR MARTÍN ESPINOSA @martinespinosa
